Además del perjuicio a la sociedad y de que el propio grafitero ponga en peligro su integridad física, vandalizar los trenes tiene consecuencias legales: desde multas y la obligación de indemnizar a la empresa perjudicada hasta penas de prisión y de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo.
En los últimos años, los juzgados han tomado medidas contundentes contra esta lacra. Estas son algunas de ellas: